El ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas Giraldo pidió a la Junta Directiva de Cormagdalena que todos los hallazgos que hacen parte del informe que rindió el director ejecutivo encargado de la entidad, Luis Fernando Andrade Moreno, sean entregados de inmediato a los organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría.

La decisión fue tomada una vez Andrade dio a conocer que en ese organismo ejecutor hay que aclarar una serie temas, como el incumplimiento de la gran mayoría de las concesiones portuarias fluviales y el desorden administrativo que le ha quitado la competitividad a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena.

Rojas Giraldo anotó que uno de los postulados de su administración es la transparencia y en ese sentido, es muy importante aclarar cuál es real estado de la corporación, para establecer las decisiones de corto, mediano y largo plazo que garanticen salvar definitivamente la navegabilidad de la arteria fluvial más importante del país y el eje del transporte multimodal de Colombia.

“Nuestro compromiso es que los colombianos tengan claro que sus impuestos se invierten no solo transparentemente, sino en forma eficaz”, recalcó el ministro.

El informe de la administración en encargo detectó que de las 45 concesiones sobre río, 24 no están funcionando y solo siete están cumpliendo. El caso más dramático es la operación de Bocas Ceniza por 55 millones de dólares, entregada desde 1998, en donde no se ha puesto ni la primera piedra.

Cormagdalena ha recibido cerca de 500 mil millones de pesos, gran parte de esos recursos por concepto de regalías, por lo que es urgente saber qué ha pasado con esos dineros.

Uno de los principales retos de la entidad es salvar el proceso de navegabilidad del afluente, ante los problemas presentados con el concesionario Navelena, del cual es socio mayoritario la firma brasileña Odebrecht, que atraviesa por serios problemas en ese país, cuyos efectos no se han hecho esperar en Colombia, debido a que el sector financiero nacional se ha negado a garantizar los recursos necesarios para lograr el cierre financiero de esa alianza pública privada.

Se espera que el potencial nuevo socio que es el grupo del empresario mexicano Carlos Slim, logre los acuerdos y máximo el 23 de noviembre se pueda declarar el cierre financiero, sin necesidad de volver a licitar el dragado del río